Los datos de siniestralidad laboral en el trabajo autónomo durante 2025 vuelven a poner sobre
la mesa una realidad preocupante: 733 accidentes graves, 59 muertes y 26.387 bajas por
accidentes de trabajo a nivel estatal. Detrás de estas cifras hay miles de historias personales,
negocios interrumpidos y familias afectadas por una problemática que, según denuncia UPTA,
sigue sin recibir la atención necesaria.
La organización advierte de que los trabajadores autónomos continúan siendo los grandes
olvidados en materia de prevención de riesgos laborales. A diferencia de los asalariados, el
colectivo desarrolla su actividad en condiciones más precarias desde el punto de vista de la
seguridad, con menor acceso a formación preventiva, recursos técnicos y apoyo institucional.
Esta situación responde a un problema estructural: el sistema de prevención en España ha sido
diseñado para empresas con estructura, dejando fuera la realidad de millones de trabajadores
por cuenta propia que operan en sectores como el transporte, la construcción, el comercio o el
ámbito agrario, donde los riesgos son elevados.
En este contexto, UPTA alerta de que el refuerzo del control previsto en la reforma normativa
puede agravar la situación si no va acompañado de recursos. El aumento de inspecciones,
obligaciones documentales y responsabilidades, sin apoyo económico ni asistencia técnica,
supone trasladar aún más carga a un colectivo que ya trabaja con limitaciones.
“No se puede exigir más a quien no tiene herramientas para cumplir. Más control sin apoyo no
previene accidentes, solo incrementa la presión sobre el autónomo”, señala Eduardo Abad,
presidente de UPTA.
A esta realidad se suma la situación de los más de 35.000 autónomos sin asalariados que hay
en Cantabria, prácticamente fuera del sistema preventivo actual. Mientras que quienes tienen
trabajadores deben cumplir obligaciones en PRL, los autónomos que trabajan solos carecen de
un modelo adaptado a sus necesidades. Para UPTA, este vacío está favoreciendo el avance de
una problemática cada vez más evidente: los riesgos psicosociales.
El estrés, la ansiedad, las jornadas prolongadas, la presión por los plazos, los impagos y las
condiciones contractuales precarias están detrás de un aumento de problemas de salud mental,
enfermedades cardiovasculares y accidentes derivados de la fatiga. Se trata de una “pandemia
silenciosa” que no está siendo abordada por las políticas públicas.
“Un trabajador por cuenta propia no puede trabajar 12 o 14 horas al día. Eso no es
emprendimiento, es precariedad”, advierte Abad. “En sectores como el transporte o la
construcción es imprescindible establecer límites a los tiempos de trabajo. No podemos
normalizar determinadas condiciones que ponen en riesgo la vida de los profesionales”.
Ante esta situación, UPTA reclama al Gobierno un cambio de enfoque en las políticas de
prevención, con planes específicos dirigidos al trabajo autónomo que permitan actuar sobre la
raíz del problema. Entre las medidas planteadas se incluyen:
– Desarrollo de programas de formación adaptados por sectores de actividad.
– Establecimiento de incentivos para la inversión en equipos de seguridad.
– Implantación de servicios públicos de asesoramiento técnico en prevención de carácter
gratuito.
– Refuerzo de la cobertura en caso de accidente o enfermedad profesional.
– Impulso de campañas de concienciación dirigidas específicamente a los trabajadores
autónomos.
– Destinación de parte de los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social a la vigilancia y prevención de los riesgos psicosociales.
Para UPTA, el reto no pasa únicamente por ampliar las obligaciones, sino por transformar el
modelo. Es necesario avanzar hacia un sistema más flexible, cercano y eficaz, que tenga en
cuenta la diversidad del colectivo y facilite el cumplimiento real de la prevención. Las cifras de
2025 deben marcar un punto de inflexión. Reducir la siniestralidad en el trabajo autónomo no
es solo una cuestión normativa, sino una responsabilidad que exige medidas concretas por parte
del estado y de las comunidades autónomas y con un enfoque adaptado a la realidad del
colectivo.